Rivas, el departamento más corrupto de Nicaragua

El departamento de Rivas es el más corrupto de Nicaragua. En una evaluación sobre corrupción aplicada por el observatorio ciudadano Urnas Abiertas, este territorio del Sur del país obtuvo los “menores niveles de transparencia” y los promedios más “altos en pagos irregulares” o sobornos por servicios públicos.

Según el informe "El costo de la corrupción en Nicaragua", Rivas tiene el monto promedio más alto en pagos irregulares, con 51,506 córdobas respecto a otros departamentos del país. La mayoría de estos pagos por soborno fueron por “solicitud o recomendación del funcionario público” y el resto porque los ciudadanos tenían la necesidad de agilizar el trámite.

A este le siguen Matagalpa con un promedio de 48,014 córdobas, Masaya (35,083), Estelí (30,750) y Chinandega (28,240).

Esta no es la primera vez que el departamento sureño ocupa el primer lugar en la lista de los más corruptos de Nicaragua. En informes anteriores en los que el observatorio ciudadano ha medido la percepción de la corrupción y qué tanto la ciudadanía puede participar en los cabildos y en otras instancias que están pensadas para la participación de la población, Rivas también sale aplazado.

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“Es el departamento que menores niveles de transparencia presenta y como ya decía, ustedes también han cubierto información de destituciones de alcaldes en Tola, en la isla y en el propio Rivas”, explica Olga Valle, directora de Urnas Abiertas.

Alcaldes destituidos por corrupción

El departamento de Rivas ha sido noticia en varias ocasiones tras escándalos de corrupción en los que varios alcaldes se han visto involucrados hasta acabar destituidos. Precisamente, también resulta llamativo que las instituciones con mayor participación en “cobros irregulares (sobornos)” a la ciudadanía son las alcaldías con un 12%, frente a un 9% de la Policía y 4% de otras instituciones. 

Uno de los primeros en ser destituidos, fue el entonces alcalde del municipio de Rivas, Wilfredo López Hernández, quien en julio de 2022 fue obligado a renunciar mientras enfrentaba una investigación por un faltante de 10.000 dólares en los fondos de la comuna y aunque se comprometió a reponer el dinero, al final huyó a Estados Unidos.

Mientras López enfrentaba el proceso investigativo, en mayo de ese año el régimen nombró a Vilma Alicia Casanova Fuertes como “secretaria general”, un cargo que no existía y que fue creado para que asumiera algunas funciones del alcalde. Luego corrió como candidata en las elecciones municipales de ese año y se le adjudicó la silla edilicia, pero no duraría mucho.

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El 5 de abril de este 2024 fue destituida por presuntos actos de corrupción, cuyos señalamientos tienen que ver con el supuesto intento de apropiarse de unas tierras que pertenecían al anterior alcalde Wilfredo López. También hay otra versión en la que la señalan de intentar vender una finca que perteneció al fallecido empresario Michael Healy Lacayo, exprisionero político del régimen Ortega-Murillo y despojado de su nacionalidad y bienes. Además, a la alcaldesa se le acusó de recibir coimas en proyectos municipales.

Otro de los ediles señalado por corrupción fue el de Tola, José Ángel Morales, destituido en agosto de 2023 por una supuesta malversación de fondos públicos. Sin embargo, también se maneja la versión de que se habría negado a firmar documentos relacionados con la construcción de la carretera costanera, porque atravesaba propiedades privadas y ese habría sido el motivo de su salida de la alcaldía de ese municipio en la que estuvo al frente durante 15 años y siete meses.

Ese mismo mes del año pasado, también fue destituido en la isla de Ometepe el alcalde de Moyogalpa, Abiud Saballos Arcia “por supuestos delitos de corrupción”, según informó Urnas Abiertas.

Destituidos por abusar de la “corrupción autorizada”

Olga Valle explica que estas destituciones no han sido meramente para castigarlos por los actos de corrupción ya cometidos, pues existe una “corrupción autorizada” por el mismo régimen.

“Creemos que es porque han abusado de esa corrupción autorizada o porque ha habido una situación que ellos (el régimen) consideran de traición política, pero no porque los hayan encontrado robando, porque lo han estado haciendo desde hace mucho tiempo, desde 2009… no es porque quieran parar estos niveles de corrupción”, puntualiza Valle.

La directora de Urnas Abiertas resalta que estas destituciones no se pueden interpretar como “una persecución o que hay un compromiso del régimen contra la corrupción”, sino que están utilizando una narrativa anticorrupción para “perseguir a operadores que de alguna manera pudieron salirse de las instrucciones que habían recibido”.